El Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Aragón será debatido y votado, para su aprobación definitiva, este jueves 25 de junio en el pleno de las Cortes. De las enmiendas parciales presentadas por Chunta Aragonesista, 32 han sido aprobadas y/o transadas e incorporadas al texto, y 27 han sido rechazadas. “Gracias a nuestras aportaciones y al trabajo serio de la Ponencia, el Proyecto de Ley ha mejorado respecto a cómo fue remitido desde el Gobierno”, ha admitido el portavoz Chesús Bernal, “pero hay serios nubarrones, uno de ellos, la garantía de su cumplimiento”.

Bernal se ha referido a que el Proyecto de Ley dice que el reconocimiento a las prestaciones recogidas en el catálogo “podrá quedar supeditado a disponibilidad presupuestaria”, o a que los planes sectoriales no tendrán porqué ir acompañados de memoria económica. “El Gobierno ha impulsado esta ley justo en el momento en que ha acabado la bonanza económica y hay que apretarse el cinturón, de ahí que nos preocupe que no haya suficiente compromiso presupuestario para evitar que la ley se quede en papel mojado”, ha explicado.

Y es que este Proyecto de Ley ha sido prometido reiteradamente por el Presidente Marcelino Iglesias desde su primera investidura en 1999, por lo que ha habido que esperar 10 años en los que, además de la realidad económica, la realidad social ha cambiado y se han reconocido nuevos derechos en la Ley de Dependencia. En este sentido, Chunta Aragonesista ha lamentado que la Ley aragonesa no vaya a reconocer el derecho subjetivo al acceso a los servicios sociales.

Otros caballos de batalla de CHA en el debate de este Proyecto de Ley han sido evitar la excesiva externalización y privatización de servicios públicos, lo que no se ha conseguido (podrán establecerse conciertos con empresas privadas con ánimo de lucro hasta por 25 años), y evitar una excesiva burocratización, cosa que sí se ha logrado.

Así, se ha incorporado al texto que haya una mejor coordinación entre departamentos y administraciones y también en los servicios de inspección y un sistema unificado de la información que evite a la ciudadanía ir de ventanilla en ventanilla para ejercer su derecho a recibir asistencia. También se ha logrado que haya representación de los usuarios en los consejos municipales y comarcales de Servicios Sociales, que haya formación continua obligatoria para los profesionales y que los cuidadores no profesionales que atienden a dependientes en sus domicilios tengan también la oportunidad de recibir formación para un mejor desempeño de esa tarea.

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