Ante los recientes avances del Gobierno español con algunas Comunidades Autónomas sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, creo que ha llegado el momento de recordarle al Gobierno de Aragón sus compromisos en esta materia, y me refiero a la moción 19/08 presentada por CHA y que fue aprobada por unanimidad en junio del año pasado.

El Gobierno de Marcelino Iglesias no puede aceptar un acuerdo sobre financiación autonómica que no recoja todas las especificidades financieras presentes en el Estatuto de Autonomía de Aragón. Y cuando decimos todas, son todas. No sólo los criterios de envejecimiento, baja densidad o dispersión territorial (del artículo 107.5), sino también y especialmente el acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado (del artículo 108) que podría ser la vía para actualizar los derechos históricos recogidos en la disposición adicional 3ª.

El propio Iglesias o el Consejero de Economía Alberto Larraz deberían comparecer en las Cortes de Aragón motu proprio para explicar los términos de la propuesta definitiva de la Vicepresidenta Elena Salgado e informar de la posición negociadora mantenida por el Gobierno de Aragón, con anterioridad a la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica. A nuestro juicio, la posición del Pignatelli debería emanar del acuerdo parlamentario. No basta con informar a posteriori. Una decisión tan trascendental como ésta debería buscar el consenso en las Cortes antes de dar el sí al acuerdo.

Durante todo este proceso echamos de manos que se escuche la voz del Gobierno de Aragón. Tenemos serias dudas de que durante la negociación el Gobierno de Aragón haya puesto sobre la mesa la exigencia del acuerdo bilateral previsto en el Estatuto. Debe hacerlo ahora. Y con firmeza. Las novedades abiertas en el caso catalán justifican aún más si cabe nuestra demanda. Si se prevén ingresos adicionales para Cataluña por transferencias infradotadas en policía, justicia u otras, con más razón Aragón puede defender el acuerdo bilateral, porque permitiría compensar transferencias que se hicieron mal en su día, porque podría equilibrar el excesivo peso de la población en el modelo y, además, porque está recogido en el Estatuto desde 1998. Si Iglesias no exige ahora esta cuestión, ¿para cuándo se lo guarda? ¿Tendremos que esperar otros once años?

El post original

Compártelo